Según los últimos datos de la AEAT, en 2013 el monto total de los salarios percibidos por los hombres fue un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres; el de las pensiones un 48% mayor; y el de las prestaciones por desempleo un 42% mayor.
Aunque ya casi todos los partidos y gobiernos reconocen que la situación es intolerable, por mucho tiempo se alegaba que esa desigualdad se iría disipando conforme las mujeres se siguieran incorporando al empleo y aumentando su nivel de formación. Hoy está ampliamente demostrada la falsedad de esta hipótesis: las mujeres son ya el 46% de la población activa y, desde hace tiempo, tienen mayor nivel de formación que los hombres. Sin embargo, la brecha salarial no disminuye y la diferencia entre las pensiones es cada día mayor.
¿Qué hacer?
En la actualidad nos encontramos con sistemas de rentas mínimas desiguales por CCAA y en general muy insuficientes (como destaca Miguel Laparra aquí, es encomiable el caso de El País Vasco). Por ello, tal como señala la ponencia de Carlos Bravo, el establecimiento de la Renta Mínima Garantizada como un derecho general es urgente, y más en la situación de emergencia social en la que nos encontramos.
Cabe destacar que, afortunadamente, esta no es ninguna idea nueva sino un mecanismo de último recurso que ya funciona en muchos países, en consonancia con los demás elementos de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos que conforman los estados de bienestar más avanzados (aunque ninguno perfecto).
La experiencia internacional demuestra que esta medida, convenientemente gestionada, no crea trampas de pobreza ni otras catástrofes.
Naturalmente, tendríamos que seguir discutiendo sobre cómo perfilar este derecho y sobre qué otras medidas son igualmente importantes.
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