Feminizar el poder

Debemos agradecer a Pablo Iglesias que, al hablar de la feminización de la política, haya puesto sobre la mesa un gran tema. Bendita ocasión para abordar esta cuestión central en el movimiento feminista que, hasta ahora, no había conseguido atraer la atención de muchos compañeros.

Antes, destaquemos con alegría lo muchísimo que puede activar cualquier debate social el líder de una formación política con 71 escaños por medio de unas simples declaraciones. Esto da una idea del éxito que podría tener una verdadera campaña pedagógica en pro de los cambios estructurales que esta sociedad necesita urgentemente para la igualdad de género y, más ampliamente, para la equidad social.

Pablo Iglesias nos explica que “el espacio fundamental de la política no es el Parlamento”. Pues bien, en ese sentido amplio, la política no es homogénea sino que presenta zonas feminizadas y zonas masculinizadas. Más concretamente, está feminizado el trabajo de base y todo lo que tiene que ver con el cuidado. Por otro lado, está masculinizado el Parlamento y todo lo que tiene que ver con el poder.

El protagonismo de las mujeres en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un buen ejemplo. De hecho, como manifiesta  Ada Colau, ese protagonismo es una continuación de su/nuestra dedicación al cuidado. Las líderes de la PAH son sobre todo mujeres, y los banqueros desahuciadores son sobre todo hombres. O sea, la División Sexual del Trabajo sigue en pie.

Lo que hay que feminizar, pues, no es la política en general sino más exactamente el poder. ¿Cómo? Muy fácil: con medidas de paridad a todos los niveles. En rigor, más que de “feminizar” deberíamos hablar de “des-masculinizar”, para llegar a unos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) “normalizados”, “paritarios” o “equilibrados”. Cuestión de democracia nada más, y nada menos.

Las dudas sobre si las mujeres que se incorporan a puestos de poder pudieran no servirnos si no son suficientemente feministas, o femeninas, o demasiado mucho o demasiado poco de cualquier otra característica, siguen ilustrando el doble rasero por el que se nos juzga: un hombre, en cualquier situación, pertenece al “espacio de los iguales” (así Celia Amorós), iguales en consideración y diversos individualmente; mientras que una mujer siempre pertenecerá al “espacio de las idénticas” y será juzgada en referencia a los comportamientos uniformes esperados del grupo. O sea, los hombres son ante todo seres humanos; las mujeres, mujeres ante todo.

En particular, el miedo a que se masculinicen las mujeres que acceden al poder es muy antiguo y ya ha sido tratado por muchas autoras. En España, debemos especialmente a Celia Amorós y a Amelia Valcárcel que, en el momento en el que nos jugábamos importantes avances en paridad, nos quitaran esas telarañas de la cabeza.

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Segregación sexual: ¿a favor o en contra?

El pasado 18 de Octubre, el Congreso de los Diputados aprobó (con solo dos votos en contra) una Proposición No de Ley (PNL), presentada por PODEMOS, que urge al Gobierno a establecer un calendario completo de aumento del permiso de paternidad desde las dos semanas actuales hasta las 16 que dura el de maternidad, haciendo ambos completamente intransferibles. Como consecuencia, por fin, ha saltado al debate público la necesidad de esta reforma por la que la Plataforma ciudadana  PPIINA viene trabajando desde hace once años.

Si esta propuesta se aprobó casi por unanimidad es porque la sociedad ya no acepta el actual sistema, que se traduce en segregación sexual: si eres mujer te tocará la mayor parte de los cuidados y del trabajo doméstico; mientras que si eres hombre estarás alejado de esos menesteres “femeninos”. En el empleo, si eres hombre tendrás más probabilidad de ser jefe, electricista, metalúrgico o cualquier otra profesión “masculina”, mientras que si eres mujer es más probable que seas precaria, cuidadora, maestra o enfermera. ¿No es equivalente a la segregación racial o al sistema de castas?

Conceder al padre un permiso de igual duración que el de la madre, completamente intransferible y pagado al 100%, es un éxito asegurado para incorporar a los hombres al cuidado en igualdad con las mujeres. Aún más, solo con aprobarse tendría el efecto inmediato de reconocer que ese es el objetivo y que va en serio. En resumen, contribuiría significativamente a la disolución de la segregación sexual.

Todo esto está tan claro que pocas personas lo contradicen explícitamente. De hecho, la verdadera dificultad para que la PNL aprobada se convierta en ley efectiva es la ofensiva de Ciudadanos, que dice estar de acuerdo pero pretende desactivarla mediante una propuesta trampa. Esta propuesta, apoyada por medios de comunicación como El País y pactada con el PP, consiste en conceder permisos teóricamente iguales pero con una parte transferible que llaman “de libre distribución dentro de la pareja”. Y ahí está la trampa: esa parte transferible se la tomarían las mujeres mayoritariamente, convirtiéndose en las cuidadoras principales (y en precarias). Así, se mantendría esencialmente la segregación por sexos de las tareas y de los espacios.

No es de extrañar que los poderes dominantes se opongan a que los hombres asuman el cuidado en la misma medida que las mujeres. Pueden aceptar, si no queda más remedio, que una minoría de mujeres asuman puestos relevantes (menos mujeres y menos relevantes), pero son tremendamente refractarios a la idea de que los hombres se incorporen a las tareas de cuidados en igualdad con las mujeres.

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¡Socorro, a las mujeres nos quieren dar!

Debemos preguntarnos cómo es que, durante toda la llamada crisis, las únicas políticas no cuestionadas, e incluso ampliadas, han sido las relacionadas con el matrimonio y la maternidad. En el IRPF se han introducido nuevas desgravaciones familiares y se ha mantenido la tributación conjunta de los matrimonios (eso sí, evitando en todo momento nombrarla); en las leyes de rebaja de las pensiones se han introducido compensaciones por maternidad; se ha alargado hasta los 12 años de la criatura el derecho a reducción de jornada; y así sucesivamente.

Sin embargo, el presupuesto para los servicios públicos se ha reducido; el legislado aumento en 2 semanas del permiso de paternidad sigue congelado; y las reformas laborales han aumentado la “flexibilidad en el empleo”. Así, tenemos una mano de obra en general cada vez más precaria, con más disponibilidad para la empresa, y una mano de obra femenina que es invitada a descolgarse del empleo cuando hay alguien a quien cuidar.

Para ello se ofrecen a las mujeres incentivos y promesas de futuro, pero no ingresos suficientes. Las prestaciones para el cuidado son misérrimas y no generan derecho a prestaciones de desempleo. Y, por supuesto, no se les ofrece la posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad.

También se han reducido los recursos para paliar las consecuencias de este modelo desigual, que ya eran escasos. Muchas mujeres mayores siguen teniendo que malvivir con una pensión no contributiva de 368 euros, sin que nadie se acuerde de que en su día se les ofrecieron “facilidades” que terminaron costándoles su empleo. Los servicios de atención a las víctimas de violencia de género están cada vez más desbordados y con menos medios. Poco o nada se les ofrece a las que quieren abandonar su situación de dependencia económica, que ya es una situación violenta en sí misma.

En este contexto, Ciudadanos nos propone una “extensión de los permisos de maternidad y paternidad… en 8 semanas respecto a las 18 semanas actuales, con lo que ambos progenitores pasarían a tener 8 semanas iguales e intransferibles cada uno y otras 10 semanas que podrán ser compartidas entre ambos”.

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El desideratum del ministro Alonso

El ministro Alonso, que nominalmente tiene la competencia de promover la igualdad entre hombres y mujeres, ha declarado que la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad es “un desiderátum”, que según el Diccionario de María Moliner significa “lo mejor que se puede desear”.

Si el ministro hubiera hablado con propiedad tendríamos que alegrarnos de su buen entender. En efecto, cada vez es más evidente la tensión entre el avance de las mentalidades y la permanencia de normativas obsoletas que reflejan y tratan de mantener un statu quo sobrepasado por la realidad. Ya la gran mayoría de las personas comprenden que, si hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para el empleo y para el cuidado, la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores deben concederles los mismos derechos.

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Desigualdad económica entre mujeres y hombres: ¿qué nos propondrán los partidos?

Según los últimos datos de la AEAT, en 2013 el monto total de los salarios percibidos por los hombres fue un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres; el de las pensiones un 48% mayor; y el de las prestaciones por desempleo un 42% mayor.

Aunque ya casi todos los partidos y gobiernos reconocen que la situación es intolerable, por mucho tiempo se alegaba que esa desigualdad se iría disipando conforme las mujeres se siguieran incorporando al empleo y aumentando su nivel de formación. Hoy está ampliamente demostrada la falsedad de esta hipótesis: las mujeres son ya el 46% de la población activa y, desde hace tiempo, tienen mayor nivel de formación que los hombres. Sin embargo, la brecha salarial no disminuye y la diferencia entre las pensiones es cada día mayor.

¿Qué hacer?

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