¿Qué reforma fiscal?

(Publicado este mes en Alternativas Económicas)

Los impuestos tienen dos funciones fundamentales: la recaudatoria y la redistributiva (reducción de la desigualdad social mediante la progresividad, es decir la mayor imposición a las rentas altas). Además, no deben provocar agravios comparativos ni fomentar actividades perniciosas para las personas o para el sistema económico. Estos aspectos están estrechamente relacionados. Por ejemplo, para que un impuesto tenga suficiente capacidad recaudatoria debe ser generalizado, y para ello la población debe percibir que es progresivo y que se utiliza para mantener buenas prestaciones sociales y servicios públicos. Por ello, el sistema debe ser analizado en su conjunto.

Conviene recordar estos principios básicos porque hoy están amenazados. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de impuestos y prestaciones modernos a pesar de las resistencias por parte de una  minoría muy poderosa. Hoy, organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización de servicios públicos, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, reducir la progresividad de los impuestos y aumentar el IVA.

Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo. El protagonismo de los impuestos sobre el consumo es problemático porque aplican el mismo tipo impositivo a cada persona, lo que supone gravar proporcionalmente más a quien menos tiene (hay que tener en cuenta que los pobres consumen una proporción más alta de sus ingresos que los ricos). Por otro lado, una imposición directa débil no proporciona recaudación suficiente para mantener una buena protección social. Así, se deslegitima el sistema y aumenta la economía sumergida, sin derechos para las personas trabajadoras y sin posibilidad de control sobre los productos y servicios por parte de la ciudadanía.

Es cierto que aún le quedan asignaturas pendientes a nuestro sistema fiscal. Una muy importante es la inclusión generalizada de las mujeres en el empleo formal; el trabajo en el hogar es sumergido, pues ni genera impuestos ni derechos laborales y sociales para las personas. Para esta inclusión, hay que universalizar los servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; conceder a los hombres derechos para el cuidado (empezando por los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%); reducir la jornada legal máxima; y eliminar los incentivos a la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (entre ellos, la tributación conjunta de los matrimonios). Estas medidas ya reducirían la pobreza infantil, pero también es urgente establecer importantes prestaciones universales por hijos/as y para familias monoparentales.

Por otro lado, hay que eliminar desgravaciones regresivas y perjudiciales para la economía real, por ejemplo por tributación conjunta de los matrimonios o por planes de pensiones privados. También aumentaría la recaudación si se eliminara el trato de favor fiscal a las SICAVs, si se combatiera efectivamente el fraude fiscal  (especialmente grave en España) y los paraísos fiscales, para lo que es necesario un acuerdo internacional.

Probablemente la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno (vulnerando la Ley al no incluir ni a una sola mujer entre sus 9 miembros) no se ocupará de estos problemas sino que propondrá seguir por un camino que nos lleva al desastre. En particular, subir el tipo general y los tipos reducidos del IVA profundizaría los ya funestos efectos de las fuertes subidas recientes, el más grave de los cuales es la deslegitimación del sistema y el consiguiente aumento de la economía sumergida.

Por otro lado, puede sonar atractiva una rebaja generalizada del IRPF, que efectivamente se reflejaría en las nóminas, pero ese es justamente el canto de sirena neoliberal que no debemos escuchar. Consideremos que esa propuesta siempre va indisolublemente ligada a la de reducción del gasto social. Y ello, como estamos viendo, conduce al desmantelamiento del sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos.