A raíz de mi último artículo en Público sobre la reforma de la Ley de Dependencia de 2026, algunas personas me han preguntado cómo sería, y cómo podría ser posible, un sistema de atención a la dependencia que asegure el derecho universal y suficiente para suplir la falta de autonomía funcional mediante servicios públicos de calidad (de gestión pública), por tanto sin trabajadoras precarias y sin necesidad de cuidadora familiar. ¿Cómo podría organizarse y financiarse?
Vaya por delante: los países nórdicos optaron por este sistema hace ya más de medio siglo. Y que las mujeres no dejen sus empleos para convertirse en cuidadoras no significa abandonar a las personas mayores, aunque esta es la idea instalada en los países «familiaristas». Evidentemente es comprensible que, cuando los servicios públicos son francamente deficientes, las personas mayores tengan miedo de ser «depositadas» en una residencia y las mujeres se vean presionadas para cuidar a tiempo completo so pena de ser calificadas de «malas esposas», «malas hijas» o «malas nueras».
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