La reforma de las pensiones que están preparando en 2013 es un ataque generalizado a todas las pensiones, presentes y futuras. Esta, como la de 2011, tiene un alcance que rebasa ampliamente el sistema de pensiones y ataca los propios cimientos de la protección social.
La reforma se anuncia como “una reforma para seguir pagando las pensiones”, en un alarde de habilidad comunicativa que debemos denunciar con todas nuestras fuerzas, pues da por hecho que la reforma es inevitable; o aún peor, que oponerse a ella significa estar en contra del sistema.
La reforma tiene dos ejes. El primero es el cambio en el sistema de revalorización de las actuales pensiones. Ahora esta revalorización se efectuará mediante “una complicada fórmula matemática”. Resumiendo: se elimina el principio de mantenimiento del poder adquisitivo. Eso sí, se establece un mínimo del 0,25% de revalorización, que servirá para hacer tragar la píldora a los actuales pensionistas; ya veremos lo que dura ese mínimo.
El segundo eje es el cambio en el sistema de cálculo de las nuevas pensiones. Mediante otra “fórmula matemática”, se aplicará un nuevo y denominado (también muy hábilmente) “factor de sostenibilidad” o “factor de equidad intergeneracional – FEI” , según nos explica uno de los “expertos” de la comisión que ha propuesto la reforma. Se trata de hacer depender la cuantía de la pensión inicial de nuevos factores, aparte de las cotizaciones.
Por el momento el único nuevo factor a incluir para el cálculo de las nuevas pensiones es el de la esperanza de vida a los 67 años en el momento de la jubilación. Pero podrían añadirse otros, porque lo importante es la eliminación del principio de “prestación definida” para sustituirle por el de “contribución definida”.
Esta eliminación del principio de “prestación definida” es, si cabe, aún más peligrosa que la revalorización por debajo del IPC, pues supone un cambio de paradigma; y no solo para el sistema de pensiones. Como propone otro “experto”, “también daremos, probablemente más temprano que tarde, pasos en la misma dirección, y quizás no solo para el sistema de pensiones sino también para otros programas de protección social”
El principio de “prestación definida” es la propia cimentación de la protección social tal como la hemos llegado a concebir a lo largo del siglo XX. Se llama también “sistema de reparto”, y parte de la base de que las clases trabajadoras no pueden asumir individualmente los riesgos (contingencias) de enfermedad, paro, vejez o incapacidad. Consiste en que quienes tienen beneficios (del capital o del trabajo) contribuyan para que quienes no los tienen puedan mantener un nivel de vida digno.
Según estos principios de la protección social, toda la sociedad asume los riesgos colectivamente y atiende a las personas individualmente. Las atiende en función de sus cotizaciones, sí, porque es necesario que esas cotizaciones existan y sean generalizadas. Pero también, y fundamentalmente, vigila para que ninguna persona quede desprotegida. Por otro lado, los ingresos se recaudan exigiendo más a quien más tiene. Se trata del principio “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades”.
Para tragar esta nueva píldora largamente preparada, la reforma anuncia que esa imaginativa fórmula del “Factor de Equidad Intergeneracional” solamente se aplicará a las pensiones que se inicien a partir de 2019. Otra habilidad comunicativa: por un lado, quienes prevén jubilarse antes de 2019 pueden celebrar que no les afectará; por otro lado, los jóvenes pueden celebrar que no van a seguir dilapidando su dinero para pagar un sistema que no esperan disfrutar.
Cantos de sirena neoliberales que no deberían funcionar, y para ello tenemos que seguir potenciando el debate social al máximo. Otro día hablamos de la reforma de 2011, que es tan grave o más grave aún, si cabe.