El pasado 18 de Octubre, el Congreso de los Diputados aprobó (con solo dos votos en contra) una Proposición No de Ley (PNL), presentada por PODEMOS, que urge al Gobierno a establecer un calendario completo de aumento del permiso de paternidad desde las dos semanas actuales hasta las 16 que dura el de maternidad, haciendo ambos completamente intransferibles. Como consecuencia, por fin, ha saltado al debate público la necesidad de esta reforma por la que la Plataforma ciudadana  PPIINA viene trabajando desde hace once años.

Si esta propuesta se aprobó casi por unanimidad es porque la sociedad ya no acepta el actual sistema, que se traduce en segregación sexual: si eres mujer te tocará la mayor parte de los cuidados y del trabajo doméstico; mientras que si eres hombre estarás alejado de esos menesteres «femeninos». En el empleo, si eres hombre tendrás más probabilidad de ser jefe, electricista, metalúrgico o cualquier otra profesión «masculina», mientras que si eres mujer es más probable que seas precaria, cuidadora, maestra o enfermera. ¿No es equivalente a la segregación racial o al sistema de castas?

Conceder al padre un permiso de igual duración que el de la madre, completamente intransferible y pagado al 100%, es un éxito asegurado para incorporar a los hombres al cuidado en igualdad con las mujeres. Aún más, solo con aprobarse tendría el efecto inmediato de reconocer que ese es el objetivo y que va en serio. En resumen, contribuiría significativamente a la disolución de la segregación sexual.

Todo esto está tan claro que pocas personas lo contradicen explícitamente. De hecho, la verdadera dificultad para que la PNL aprobada se convierta en ley efectiva es la ofensiva de Ciudadanos, que dice estar de acuerdo pero pretende desactivarla mediante una propuesta trampa. Esta propuesta, apoyada por medios de comunicación como El País y pactada con el PP, consiste en conceder permisos teóricamente iguales pero con una parte transferible que llaman «de libre distribución dentro de la pareja». Y ahí está la trampa: esa parte transferible se la tomarían las mujeres mayoritariamente, convirtiéndose en las cuidadoras principales (y en precarias). Así, se mantendría esencialmente la segregación por sexos de las tareas y de los espacios.

No es de extrañar que los poderes dominantes se opongan a que los hombres asuman el cuidado en la misma medida que las mujeres. Pueden aceptar, si no queda más remedio, que una minoría de mujeres asuman puestos relevantes (menos mujeres y menos relevantes), pero son tremendamente refractarios a la idea de que los hombres se incorporen a las tareas de cuidados en igualdad con las mujeres.

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Debemos preguntarnos cómo es que, durante toda la llamada crisis, las únicas políticas no cuestionadas, e incluso ampliadas, han sido las relacionadas con el matrimonio y la maternidad. En el IRPF se han introducido nuevas desgravaciones familiares y se ha mantenido la tributación conjunta de los matrimonios (eso sí, evitando en todo momento nombrarla); en las leyes de rebaja de las pensiones se han introducido compensaciones por maternidad; se ha alargado hasta los 12 años de la criatura el derecho a reducción de jornada; y así sucesivamente.

Sin embargo, el presupuesto para los servicios públicos se ha reducido; el legislado aumento en 2 semanas del permiso de paternidad sigue congelado; y las reformas laborales han aumentado la “flexibilidad en el empleo”. Así, tenemos una mano de obra en general cada vez más precaria, con más disponibilidad para la empresa, y una mano de obra femenina que es invitada a descolgarse del empleo cuando hay alguien a quien cuidar.

Para ello se ofrecen a las mujeres incentivos y promesas de futuro, pero no ingresos suficientes. Las prestaciones para el cuidado son misérrimas y no generan derecho a prestaciones de desempleo. Y, por supuesto, no se les ofrece la posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad.

También se han reducido los recursos para paliar las consecuencias de este modelo desigual, que ya eran escasos. Muchas mujeres mayores siguen teniendo que malvivir con una pensión no contributiva de 368 euros, sin que nadie se acuerde de que en su día se les ofrecieron “facilidades” que terminaron costándoles su empleo. Los servicios de atención a las víctimas de violencia de género están cada vez más desbordados y con menos medios. Poco o nada se les ofrece a las que quieren abandonar su situación de dependencia económica, que ya es una situación violenta en sí misma.

En este contexto, Ciudadanos nos propone una “extensión de los permisos de maternidad y paternidad… en 8 semanas respecto a las 18 semanas actuales, con lo que ambos progenitores pasarían a tener 8 semanas iguales e intransferibles cada uno y otras 10 semanas que podrán ser compartidas entre ambos”.

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