(Artículo publicado en la revista NHU Lavapies-Latina-Embajadores Octubre 2025 )
Este mes de agosto descubrimos que la organización llamada Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) había incluido al Partido Feminista de España en una lista de «grupos españoles extremistas de ultraderecha y de odio«. Lidia Falcón escribió en elcomun.es un artículo titulado «El Poder de la Calumnia»: ¿cómo, a sus casi 90 años, después de una vida dedicada al antifascismo y al feminismo, podía ella ser «declarada fascista por un par de señoras»?
El problema es que no se trata de un par de señoras sino de una organización muy potente que en 2023 declaró un millón de dólares de ingresos en EEUU. Y hay muchas más. La organización Global Desinformation Index (GDI), en RU, publica la «Dynamic exclusion list» con los sitios web que identifica como “de alto riesgo de desinformación”. Por su parte, la Comisión Europea financia cientos de proyectos para luchar contra el discurso de odio y la desinformación. Todo unido a lo que, por su cuenta o en conexión, suprimen los medios digitales con sus algoritmos.
Pero ¿de dónde viene ese afán cada vez más desmedido por protegernos? La censura clásica tenía la finalidad de proteger al poder, burdamente y sin tapujos, como la «Index Librorum Prohibitorum» (parece de chiste pero así se llamaba la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica que finalmente abolió el Vaticano en 1966). ¿Y ahora? La llegada de internet se celebró como la horizontalidad, la libertad de todas las personas para expresarse superando los filtros de los medios establecidos. Pero ¡ay, qué poco dura la alegría en la casa del pobre! La ofensiva para controlar y dirigir a la opinión pública se ha acrecentado exponencialmente en las últimas décadas, y particularmente desde 2020. La escalada:
1.- Teorías de la conspiración: este recurso ya es antiguo y sigue en vigor. Cualquier disidencia se califica de superstición y/o de enfermedad mental. Ejemplos: Claire Swinney, una periodista neozelandesa que en 2006 fue retenida en un pabellón psiquiátrico por afirmar que el 11-S fue un «trabajo interno». O Thomas Binder, un cardiólogo suizo que fue arrestado en su consulta el 11 de abril de 2020 por 60 policías armados, diagnosticado de «insanidad por coronavirus» (una nueva enfermedad mental que se inventaron al efecto) e internado en un siquiátrico. Su delito: publicar en su blog que estaba en desacuerdo con las medidas de confinamiento, distanciamiento social, etc. Y hay muchos, muchos más.
2.- Verificadores de noticias: Maldita, Newtral, etc. Desde 2020 han aumentado exponencialmente, están conectados internacionalmente y fuertemente financiados. Su función es discernir si una noticia es verdad o mentira, siendo «la verdad» lo que dicen las autoridades y «la mentira» cualquier criterio que se oponga.
3.- Estrategia contra la desinformación: este es un paso más. En 2018, el objetivo declarado era filtrar el «contenido deliberadamente falso, diseñado para engañar«. Ahora han ampliado la definición para abarcar la «adversarial narrative»: «historias que, aunque sean veraces, enfrentan a las personas atacando a un individuo, una institución o «la ciencia»«. Con esta definición, ellos (esas organizaciones financiadas por los gobiernos) deciden cuáles son los contenidos perjudiciales de los que nos tienen que proteger. Nunca antes en democracia se había justificado la ocultación/filtro/censura, y menos en base a criterios tan subjetivos, tan opacos.
Mientras, los gobiernos siguen mintiéndonos. Ejemplo: Pedro Sánchez declaró en el Congreso que España no ha realizado operaciones de compraventa de armas con Israel desde el 7 de octubre de 2023. Pero El Centre Delàs ha documentado contratos de compras por valor de 1.044 millones de euros, y de ventas por valor de 5,3 millones de euros; todos posteriores al 7 de octubre de 2023.
A Lidia Falcón la han metido en la lista negra por criticar la «Ley Trans». A la web británica Unherd por entrevistar a Kathleen Stock, según ellos una ‘prominente feminista crítica con el género» (todo ello lo definen como «anti LGTBQI+»).
En las listas negras también hay organizaciones fascistas, pero no por eso me alegro. Mezclándolo todo, los gobiernos cuelan la censura de todo lo demás que quieren ocultar. Y viceversa: resulta que ahora esas organizaciones fascistas se erigen en víctimas y en defensoras de la libertad de expresión. Así, muchas personas que ven reprimidas sus opiniones se identifican con esos «defensores»: como defienden lo mío, todo lo demás que dicen debe de estar bien. Y así sigue subiendo la extrema derecha. Vamos fatal. Por cierto, ¿dónde podría yo publicar este artículo?