A raíz del gran éxito de las últimas Jornadas de la PPIINA, Lidia Falcón ha relanzado el debate, siempre activo y necesario, sobre cuáles deben ser las alternativas feministas al cuidado. Ella escribió un comentario; Cristina Castellanos contestó; y ella contestó de nuevo. En primer lugar, me uno a sus agradecimientos mutuos y a los votos por que el debate continúe. Creo que está bien intercambiar puntos de vista y saber que lo que es un desacuerdo hoy puede serlo menos en el futuro. Quiero aportar este artículo donde explico, entre otras cosas, por qué es contraproducente la reivindicación del salario al ama de casa, adoptada con muy buena intención por una parte del movimiento feminista, sobre todo en el pasado.  A veces las buenas ideas hacen muy malas películas, y creo que este es un buen ejemplo.

Una vez más, lo importante son los objetivos; y una vez fijados estos, las reivindicaciones que marcan el camino para alcanzarlos. El objetivo del feminismo, creo yo, es eliminar la división sexual del trabajo (la base material del patriarcado). Y creo que ese objetivo es posible si luchamos por las reivindicaciones adecuadas. La idea de la división sexual del trabajo está tan ‘naturalizada’, que es difícil imaginarse otro mundo. Sin embargo, la división sexual del trabajo no tiene nada de natural sino que está artificialmente mantenida y potenciada por las políticas públicas (no se nace mujer, se hace, que decía Simone de Beauvoir). Por eso, basta con eliminar esas políticas y poner las condiciones materiales para que podamos vivir en igualdad. Tarea ingente, pero abordable, porque ya tenemos indicios de que cuando se cambian las políticas cambia la realidad.

En la PPIINA hemos estudiado en profundidad las experiencias internacionales y nacionales (por ejemplo, no es cierto que el permiso de paternidad de 15 días se lo tome un número ridículo de padres: supera el 80% según las estadísticas de la Seguridad Social!). En base a ellas, sabemos que es posible cambiar las pautas de comportamiento de los hombres si se ponen en pie las medidas adecuadas. Por cierto, otra cosa que sabemos en la PPIINA es que la equiparación efectiva de los permisos solo es una medida, aunque emblemática y crucial; necesaria pero no suficiente. Esperamos que nadie piense que pedir esta reforma significa oponerse a todas las demás, singularmente a la universalización de los servicios públicos: ambas cosas no son alternativas sino complementarias!

A pesar de las evidencias contrastadas, muchas personas siguen diciendo que los hombres no cuidarán nunca, y que se van a ir a cazar osos o al fútbol en el tiempo de permiso. No es así extensivamente en Islandia (3 meses) ni en Suecia (2 meses),   pero a veces las evidencias tienen menos poder en nuestra mente que las ideas previas con las que nos enfrentamos a ellas.

No hemos visto el fin del patriarcado en  ninguna parte, pero los avances parciales nos tienen que permitir imaginarlo. Si, en cambio, nos cerramos a la posibilidad de cambio, no podremos ver los pequeños matices que tanto importan. El apabullante bosque nos impedirá ver los árboles, y esa es la cuestión! Copio aquí mi artículo publicado en Sin Genero de Dudas, y espero vuestros comentarios.

Crisis de cuidados: de la ‘conciliación’ a la igualdad

Por María Pazos Morán

Un gravísimo problema

Lo que se ha dado en denominar ‘crisis de cuidados’ se refiere al crecimiento explosivo de su demanda debido al envejecimiento de la población, junto con que las mujeres ya no están totalmente disponibles para cubrir estas necesidades en el ámbito familiar. La atención a la dependencia es más acuciante cuanto más envejece la población; y la población envejece más deprisa cuanto más descienden las tasas de fecundidad como consecuencia directa de la desatención a la infancia. Así, la crisis se hace más profunda y urgente de atajar, tanto para solucionar sus causas (tasas muy bajas de fecundidad) como para paliar sus consecuencias (necesidad creciente de cuidados, entre otras).

La situación en los países que siguen ‘contando’ con que sus dependientes sean atendidos por las mujeres (sean inmigrantes o familiares) es insostenible. La generación de mujeres que está accediendo a la edad de cuidar a sus mayores, y a sus nietos, ya está mayoritariamente incorporada al mercado de trabajo. Por otro lado, el recurso a la inmigración para el cuidado a tiempo completo solo está al alcance de unas pocas familias de clase media – alta, y ese número desciende en tiempos de crisis (también desciende el número de inmigrantes: los datos de la inmigración hacia España posteriores a 2008 son elocuentes).

Es previsible que el problema de la (des)atención a la dependencia se agrave enormemente para las generaciones venideras, pues el proceso de envejecimiento continúa: si hoy el asunto es inabarcable en España, con una tasa de dependencia demográfica en 2009 de 24,5% (población mayor de 65 años sobre población de 15 a 64 años), cómo será la situación en 2050 cuando, según la predicción de EUROSTAT, esta tasa llegue al 58,7%?¹ ¿A cuántos dependientes tocarán las actuales hijas únicas y qué pasará con las personas que no tienen hijas? El futuro se presenta muy negro si no se toman medidas urgentes.

Pero ¿cuáles son esas medidas para afrontar la crisis de cuidados? ¿Es sensato intentar aumentar aún más la presión sobre las mujeres, como se hace en los países llamados ‘familiaristas’?; ¿es posible implicar a los hombres en el cuidado hasta que lleguen a estarlo en condiciones de igualdad con las mujeres?; ¿cuál es el papel de los servicios públicos? Intentaremos responder a estas preguntas teniendo en cuenta las múltiples aristas que presenta este difícil problema.

Dos claves para abordar la crisis de cuidados

Una clave fundamental para abordar correctamente la crisis de cuidados es la constatación de que el declive de la figura del ama de casa es irreversible en todos los países. Las mujeres, tradicionalmente reducidas al ámbito familiar, han ido conquistando el derecho a la educación y al empleo; y ya no eligen el trabajo doméstico como ocupación única, ni siquiera principal². Ya en 1934 Alva Myrdal y Gunnar Myrdal advertían³ sobre la inutilidad de intentar volver atrás la rueda de la historia: es imposible, por mucho que se intenta en algunos países, conseguir la vuelta masiva de las mujeres al hogar. Se comprueba sistemáticamente que, ante la incompatibilidad entre maternidad y empleo de calidad, muchas mujeres se quedan sin tener hijos. Por ello, los Myrdal proponían aceptar la incorporación de las mujeres al empleo como un dato irreversible y, en consecuencia, tomar medidas para permitir a las mujeres trabajadoras ser madres sin tener que alejarse del empleo. Esta perspectiva es la única efectiva para atajar la caída vertiginosa de las tasas de fecundidad que ya se estaba produciendo en Suecia entonces, y que se ha producido posteriormente en todos los países industrializados que no han actuado en la dirección propuesta por Alva y Gunnar Myrdal.

Otro asunto a tener presente es la configuración de los mercados de trabajo en cada país y en cada periodo. En algunos países europeos (y especialmente en los nórdicos), durante la segunda mitad del siglo XX se consolidaron mercados de trabajo fuertemente regulados, con estabilidad en el empleo y gran poder sindical. En esta situación era posible proteger los puestos de trabajo de las mujeres que se beneficiaban de las facilidades para compatibilizar ‘sus dos papeles’⁴ sin gran implicación de los hombres. Así, con la concurrencia necesaria de servicios públicos de calidad y con horarios de trabajo a tiempo completo cortos y racionales, países como Suecia, Noruega y Dinamarca consiguieron que la generalidad de las mujeres se mantuviera en el empleo formal, aunque fuera a costa de una enorme segregación laboral (y la consecuente brecha salarial). En los mercados de trabajo de hoy en día, sin embargo, ese sueño es una quimera. En España, por ejemplo, después de la reforma laboral de 2012 las únicas causas de nulidad del despido que quedan son las relacionadas con la llamada ‘conciliación’, y pueden durar hasta que la criatura cumpla 8 años (permisos, excedencias hasta los 3 años y reducciones de jornada hasta los 8). Es de prever que, mientras las mujeres sigan teniendo más ‘responsabilidades de cuidados’ que los hombres, las empresas se inclinarán cada vez más por situar en los empleos estables a la mano de obra masculina (más disponible, sin limitaciones de horarios y exenta de obligaciones empresariales). Así, todas las mujeres se verán penalizadas por esa carga diferencial (fenómeno que se conoce como ‘discriminación estadística’), aunque solo una exigua minoría podrá disfrutar de esas protecciones.

¿Cómo es posible tanta invisibilidad?

Existe la percepción general de que los cambios producidos en las familias, en el mercado de trabajo y en la sociedad, han sido importantísimos y vertiginosos; pero estos cambios se ignoran frecuentemente en las regulaciones que afectan a la organización social y familiar. Sin embargo, pocos problemas son tan acuciantes para tantas personas como las necesidades de atención a la infancia y a la dependencia; y la mayoría de las familias no puede permitirse solucionarlos por su cuenta. Al igual que la clase trabajadora no tiene capacidad de ahorro para asegurarse la continuación de su nivel de ingresos en la vejez, ni para una atención sanitaria de calidad, tampoco puede permitirse la atención a las personas dependientes ni la educación infantil y el cuidado de sus criaturas tal y como hoy en día entendemos que deben ser atendidas.
Sin embargo, mientras que derechos como la sanidad pública universal y las pensiones públicas están ampliamente reconocidos y sentidos como fundamentales, la necesidad de atención a la infancia y a la dependencia resulta mucho menos visible; sobre todo en los países llamados ‘familiaristas’, como los del Sur de Europa o Alemania ¿Cómo es posible, tratándose precisametne de necesidades tan perentorias de las familias? Muy sencillo: porque estas tareas han venido cubriéndose mediante el trabajo gratuito (y en condiciones penosas) por parte de las mujeres. Lo visible, lo público, lo que se valora, es lo que pasa por los mercados (de bienes y de trabajo), es decir lo que no está reducido exclusivamente al ámbito familiar. Quienes tienen más capacidad de decisión sobre el diseño de las políticas públicas son hombres de clase media y alta, que no solamente no asumen tareas de cuidado sino que no viven las situaciones dramáticas de las familias que no tienen capacidad económica para recurrir a servicios privados. Esta es una clave importante del abandono, por parte de las políticas públicas, del acuciante problema de la atención a la infancia y a la dependencia; así como de la insensibilidad respecto al tremendo sufrimiento que la ‘solución’ familiarista a los cuidados ocasiona.

Así, el trabajo de cuidados en el hogar, que es el nucleo de lo que Cristina Carrasco denomina ‘la parte sumergida del iceberg’ (el trabajo doméstico), se considera secundario o no se nombra, aunque en los países familiaristas se potencia con múltiples incentivos y regulaciones. En realidad, podríamos decir que lo que realmente se ignora no es el cuidado en el entorno familiar, con el que se cuenta, sino los derechos de quienes lo realizan y de quienes lo necesitan.

En la literatura feminista el tema de los cuidados es central. Fueron las feministas quienes comenzaron a hablar y a escribir sobre este asunto a lo largo del siglo XX, destacando su existencia y su importancia⁵. La cuestión es:¿puede cambiar la consideración social del trabajo de cuidados, así como las condiciones de vida de las personas que lo realizan, mientras siga esencialmente reducido al ámbito de lo privado y mientras sea patrimonio femenino?Aquí surgen las divergencias en el seno de la economía y de la sociología feminista.

El salario al ama de casa: ¿es posible compensar la diferencia?

Una corriente, que era mucho más fuerte en el siglo XX pero que conserva aún cierta entidad en los países en los que el cuidado sigue esencialmente reducido al hogar, reivindica el ‘salario al ama de casa’, que consistiría en exigir al Estado que compense a las mujeres por ese trabajo que realizan gratuitamente⁶.

Otras autoras, fundamentalmente nórdicas, nos advierten de los peligros de esta vía. Diane Sainsbury⁷ señala la utilidad que han tenido los intentos de visibilización del trabajo doméstico en una primera etapa, pero señala también las diferentes consecuencias que unos y otros movimientos feministas han extraído, y el papel de estas orientaciones en la configuración de las políticas públicas: en los países donde los movimientos feministas han mostrado resistencia a igualar independencia con trabajo pagado y, por el contrario, se han concentrado en la valoración del trabajo doméstico (como Alemania), el modelo de familia ‘sustentador masculino/esposa dependiente’ ha salido reforzado a través de prestaciones para el cuidado dentro del hogar.
Por supuesto que es de todo punto justo y necesario rebelarse ante la situación en la que tantas mujeres realizan trabajos de cuidados: sin derechos, en condiciones extenuantes y sin reconocimiento ni valoración alguna. Pero, ¿cómo cambiar esta situación insoportable? Para responder a esta pregunta debemos analizar cuidadosamente las experiencias internacionales, tomando en consideración en todo momento las reglas por las que se rige la economía y los efectos que han tenido uno y otro tipo de medidas. Diane Sainsbury⁸ nos resume la experiencia internacional afirmando que las compensaciones por el trabajo doméstico: 1) siempre son menores que los derechos derivados de la inserción laboral; y 2) nunca permiten la independencia económica en las mismas condiciones que un empleo a tiempo completo. De hecho, esta es la característica general de todas las prestaciones y desgravaciones relacionadas con la función de cuidado o con el estatus matrimonial: cuando esa situación termina, cesa la prestación o desgravación (no hay prestaciones ni desgravaciones para ‘ex – cuidadoras’ o para ‘ex – amas de casa’); y como la mujer no ha acumulado experiencia laboral ni cotizaciones para el desempleo durante el periodo de cuidado, se queda sin ingresos y sin ningún tipo de ayuda. Así sucede con las prestaciones por cuidados en el entorno familiar de las leyes de dependencia, con las tributaciones conjuntas, con las excedencias, con las reducciones de jornada, etc. Lo único que permanece después de estos periodos es el reconocimiento de ciertos derechos para la pensión, pero son tan mínimos que no compensan la pérdida real de cotizaciones por el empleo.

Naturalmente, la propia formulación de ‘salario al ama de casa’ indica que lo que se pide es un verdadero salario en igualdad de condiciones con las personas empleadas. Pero, desgraciadamente, esa demanda está lejos de ser realista. ¿Qué economía podría permitirse pagar salarios y cotizaciones sociales a las personas que se quedaran en casa, o aunque fuera solo a las mujeres? ¿Sería justo que el Estado pagara en todos los casos, o solo cuando hubiera dependientes? ¿Qué consecuencias tendría para las mujeres implicadas en el cuidado, y qué habría que hacer una vez terminada esa situación? La idea de un verdadero salario al ama de casa es simplemente inviable; lo único viable a corto plazo, aunque insostenible a largo plazo, es la concreción de esa idea en forma de las actuales (y exiguas) prestaciones para el cuidado, que tan perjudiciales son para las mujeres en todos los sentidos (dependencia económica, pobreza, sobreexplotación, enfermedad, etc).

Así, bajo la apariencia de una reivindicación radical (por cuanto, efectivamente, ‘es mucho pedir’), estas posiciones que rechazan la plena integración de las mujeres en el empleo contribuyen a mantener el orden patriarcal. Celia Amorós9 nos explica las nocivas consecuencias que el ‘pensamiento de la diferencia sexual’ ha tenido para la lucha feminista, tanto en política como en economía. Es comprensible que muchas mujeres se sientan atraídas por estos cantos de sirena, máxime cuando este pensamiento se denomina a veces ‘feminismo de la diferencia’ (contradicción ‘in terminis’, donde las haya). Sin embargo, esta atracción por el rechazo de las reivindicaciones de igualdad es una postura desesperada que tiene su origen, precisamente, en la actual segregación, que hace muy difícil imaginar otro mundo diferente del que se ha vivido.

La clave está en que, si la igualdad fuera imposible, sería perfectamente lógico que al menos se intentaran paliar las consecuencias de la desigualdad; pero hay muchos indicios de que la igualdad es posible. De hecho, y este es el gran descubrimiento, la desigualdad se mantiene artificialmente mediante numerosos elementos de las políticas públicas. Por tanto, es posible la igualdad eliminado todos estos sesgos de género existentes y adoptando las políticas que se han demostrado efectivas para posibilitar el cambio estructural hacia una sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad. No en vano el propio concepto de ‘mainstreaming’ tiene su origen en Suecia¹⁰, primer país que ha dado pasos decisivos en ese camino. Este no es un simple razonamiento teórico: en la práctica se constata que la invisibilidad (y subvaloración) del cuidado es mucho menor en los países que van avanzando en su atención mediante servicios públicos (y con una aún tímida implicación de los hombres), como son los países Escandinavos. Cuando las necesidades de las personas se convierten en un derecho reconocido, cuando trascienden las fronteras del hogar y cuando su atención deja de ser patrimonio femenino, todo ello sale a la luz, como veremos.

La alternativa escandinava al cuidado: un camino (no completado) hacia la igualdad

Al contrario que Alemania, donde se reforzó el modelo de familia tradicional con prestaciones y desgravaciones para la permanencia de las mujeres en el hogar, Suecia optó por la vía contraria, o sea por el cambio estructural hacia la sociedad de ‘personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad’. En este gran golpe de timón, operado alrededor de 1970, la sociedad asumió que cada persona debía tener independencia económica a través de su participación en el empleo durante toda su vida. Los cuidados básicos debían proveerse públicamente, de tal forma que no exigieran la interrupción de la actividad laboral de ninguna persona excepto en casos extremos y de corta duración. Para ello, se eliminaron todas las prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo, así como todas las medidas que desincentivaban el trabajo asalariado de las mujeres casadas¹¹. A la vez, se desarrolló un buen sistema público de atención a la dependencia, de tal forma que ninguna persona necesitara depender de sus familiares para los cuidados básicos que aseguran la autonomía personal. En cuanto al cuidado a la infancia, se universalizó el derecho a la educación infantil pública desde los cero años. En 1974 se eliminó el permiso de maternidad y se sustituyó por permisos parentales iguales para ambos progenitores, con mantenimiento del puesto de trabajo, del salario y de todos los derechos laborales¹². Por último, se racionalizaron los horarios, disminuyendo y concentrando las horas de trabajo.

Aunque con diferente ritmo y alcance, los demás países nórdicos siguieron la vía trazada por Suecia (sobre todo Dinamarca y Noruega, en menor medida Finlandia y más recientemente Islandia); hoy en estos países la educación infantil y la atención a la dependencia son derechos universales y se proveen desde los servicios públicos.

Esta diferente orientación se refleja en las cifras de gasto público en servicios de atención a la dependencia, que en los países nórdicos supera el 2% del PIB. En el otro extremo, los países familiaristas como España o Italia, con un gasto público menor del 1% del PIB, presentan un enorme déficit que recae casi íntegramente sobre las espaldas de todas esas mujeres que, con ‘paguita’ o sin ella, son (para más inri) apeladas ‘cuidadoras informales’. Otros países europeos combinan los servicios públicos y el recurso a las cuidadoras informales (con ‘paguitas’ más o menos generosas)¹³.

Es difícil comparar la carga de los cuidados informales que soportan las mujeres en los diferentes países, ya que la carencia de datos en este terreno es clamorosa, pero el siguiente gráfico puede darnos una idea¹⁴.

Se observa claramente cómo en los países nórdicos el problema es menos grave. Por otro lado, las encuestas nos muestran también que la distribución por sexos de los usos del tiempo es mucho más equilibrada: no solo la carga de los hogares es menor sino que los hombres la asumen en mayor proporción. Como consecuencia, las figuras del ama de casa y de la empleada de hogar no tienen entidad significativa; en estos países las personas que se dedican a las tareas de cuidado están generalmente empleadas en los servicios públicos y protegidas por la legislación laboral a todos los niveles.

Tiempo de calidad para el afecto y los cuidados a los seres queridos
Naturalmente que el cuidado no se limita a la solución de las necesidades básicas de autonomía personal (que es lo que exige dedicación profesional) sino que tiene una componente afectiva que, naturalmente, muchas personas desean proporcionar a sus seres queridos. Pero, curiosamente, en los países en los que el cuidado básico se ha sacado del hogar y los derechos sociales se han individualizado, hay una proporción mayor de personas que se ocupan de sus familiares que en los países ‘familiaristas’; la diferencia es que lo hacen para ofrecerles el llamado ‘tiempo de calidad’, mientras los servicios públicos garantizan los cuidados básicos (y por tanto la independencia y libertad de las personas implicadas). Esping Andersen¹⁵ compara la incidencia y la intensidad del cuidado a progenitores mayores y a nietos/as en cuatro países, ofreciéndonos datos muy ilustrativos que reproducimos en la tabla siguiente:

Como se observa en esta tabla, existe una contradicción entre intensidad e incidencia. La incidencia (frecuencia) es mucho más elevada en Dinamarca (ejemplo de sociedad ‘individualizada’) que en España (ejemplo de sociedad ‘familiarista’), mientras que con la intensidad sucede lo contrario. En Dinamarca hay mayor proporción de la población que se ocupa de sus mayores, pero el tiempo dedicado es muy modesto. Por el contrario, en España hay menos personas que cuidan, pero lo hacen prácticamente a tiempo completo. Lo mismo se observa en la parte inferior de esta tabla respecto a los cuidados de los nietos/as por parte de los abuelos/as. En base a estos datos, Esping Andersen afirma: “no es cierto que una individualización muy avanzada (desfamiliarización), como es el caso de Dinamarca, traiga consigo un desmantelamiento de las redes de solidaridad familiar. Por el contrario, puede suceder que un familiarismo muy fuerte, con gran dependencia de la familia para la solución de los problemas de cuidados, tenga el efecto de que muchas personas se retiren de las redes de solidaridad familiar porque saben que si les toca será muy duramente”¹⁶. Añadamos que a estos porcentajes de incidencia contribuye sin duda el hecho de que en las sociedades familiaristas los hombres están prácticamente excluidos del cuidado, mientras que en los países nórdicos se implican en mayor proporción.

Las actuales ‘medidas de conciliación’ no sirven

Volvamos a las preguntas que nos hacíamos al principio. En primer lugar, ¿es sensato seguir presionando a las mujeres para que se aumenten su dedicación a los cuidados? Aparte de que es injusto, las experiencias de los países familiaristas aquí analizadas dejan claro que esa no es ninguna solución: los países que proporcionan incentivos en ese sentido (como España o Alemania) tienen menores tasas de empleo femenino, pero también bajísimas tasas de fecundidad; ya que muchas mujeres no toman la decisión de tener hijos cuando la única alternativa que se les ofrece es la retirada del empleo. Consiguientemente, el problema se agrava para las generaciones venideras; las mujeres no dan abasto para cuidar a sus familiares; y muchas personas dependientes quedan desatendidas.

En segundo lugar, ¿cómo implicar a los hombres? Está comprobado que presionarles para que se incorporen a las medidas de conciliación existentes (o sea, para que se retiren del empleo) no tiene ningún efecto significativo. Por mucho que se ha intentado, en ninguna parte del mundo se ha conseguido que medidas como los permisos (excedencias) mal pagados tengan éxito entre los hombres¹⁷. Y es que, educados en ser económicamente suficientes e independientes, ellos no se acogerán masivamente a ninguna ‘facilidad’ que les merme significativamente sus ingresos, que les dificulte su carrera profesional o que puedan transferir ‘generosamente’ a alguna mujer del entorno. Así que, si se quiere aspirar a la paridad en el cuidado, una medida elemental sería eliminar todos estos instrumentos que solo ‘convencen’ a las mujeres: excedencias, permisos transferibles o mal pagados, paguitas por cuidado de dependientes en el entorno familiar y reducción de jornadas. En realidad, lo disfuncional no es que los hombres quieran conservar su independencia económica, sino que las mujeres se vean obligadas a perderla.
Hay muchas personas que, estando de acuerdo en que estas figuras alejan a las mujeres del empleo y merman sus derechos, piensan que sería perjudicial eliminarlas. Aunque reconocen que no conducen a la deseada igualdad, les parece que son necesarias para que las mujeres ‘mantengan un pie firme en el empleo’, pues de otro modo tendrían que retirarse totalmente en caso de maternidad. Algunas autoras argumentan, sin embargo, que las mujeres ponen los dos pies en el empleo por su cuenta; estas facilidades les hacen sacar uno, lo que puede conducirles a perder el equilibrio. A este respecto, es ilustrativo el caso de países de industrialización tardía y rápida como Corea del Sur, de EEUU y de algunos latinoamericanos, donde las tasas de empleo femeninas han aumentado vertiginosamente sin gran concurrencia de medidas de ‘conciliación’. En realidad, esto es lo que ha pasado también en los países europeos: estas medidas siempre han ido detrás de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

Una vez más, la clave está en el punto de referencia: bajo la perspectiva del ‘menos es nada’, podría ser aceptable intentar que las mujeres se incorporen al empleo aunque fuera accesoriamente y cuando ‘sus responsabilidades’ se lo permitieran. Pero esa perspectiva, que pudo ser progresista hace un siglo, está ampliamente superada. El objetivo ya no puede ser un sistema que se ha demostrado injusto, que mantiene a unas personas dependientes económicamente de otras o en la pobreza, sin derechos laborales y sociales, etc. Hoy se asume que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, a la independencia económica, a una pensión digna, a vacaciones pagadas, al salario mínimo, a igualdad de remuneración para igualdad de capacitación, al ocio en las mismas condiciones, a una jornada laboral de menos de cuarenta horas, al descanso semanal, etc. Y ninguno de estos derechos se asegura a las personas que realizan tareas de cuidado infantil o atención a la dependencia en el marco del hogar acogiéndose a las paguitas y a las facilidades llamadas de ‘conciliación’.

Así que las llamadas ‘medidas de conciliación’ son injustas, en primer lugar porque atentan contra los derechos elementales de las personas afectadas, así como de todas las mujeres por el riesgo de estarlo; y en segundo lugar porque solo tienen efecto sobre las mujeres, profundizando así la división del trabajo. Además, esa vía no soluciona el problema de atención a la infancia y a la dependencia, causando en cambio muchos perjuicios sociales y económicos. Afortunadamente, existe un camino diferente, el de la igualdad total, que es además el único camino para valorar los cuidados, y para abordarlos correctamente. Esta vía tiene dos ejes: 1) su provisión por parte de los servicios públicos y 2) su reparto entre hombres y mujeres.

Tres condiciones necesarias para la igualdad en el cuidado

El asunto es simple: si ante el nacimiento o adopción de una criatura, para cada persona progenitora tuviera su permiso igual, intransferible y pagado al 100%, los hombres se tomarían el mismo periodo que las mujeres; y así una familia biparental podría turnarse para atender a su criatura en el hogar durante los primeros meses. Si se estableciera el derecho universal a la educación infantil de calidad desde los 0 años, y se tomaran medidas para conseguir horarios de trabajo a tiempo completo cortos y racionales, la mayoría de las parejas podrían organizarse sin que ninguna de las dos personas progenitoras tuviera que renunciar a sus ingresos en ningún momento, ni a su permanencia en el puesto de trabajo a tiempo completo más allá del tiempo de su permiso pagado al 100% (que, al ser usado igualmente por hombres y mujeres, no conllevaría penalización sobre el empleo femenino). Para las familias monoparentales y para las personas con horarios especiales (que serán una minoría si se tiene una política de reducción y racionalización general de horarios), pueden habilitarse prestaciones y servicios especiales, tal y como se hace en Suecia. En cuanto a la atención a la dependencia, la universalización de los servicios públicos solucionaría el problema de la autonomía funcional; y la disminución generalizada de los horarios a tiempo completo serviría para que las personas pudieran atender mejor a sus familiares sin tener que reducir su dedicación al empleo.

En resumen, hay tres medidas cruciales para que sea posible abordar correctamente los cuidados:

• cobertura universal de los sistemas públicos de atención a la infancia y a la dependencia

• horarios cortos y racionales a tiempo completo

• permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%

Naturalmente, la orientación de la igualdad exige actuar en todos los demás campos: eliminar los incentivos económicos al mantenimiento de la familia ‘sustentador masculino/esposa dependiente’, los sesgos de género en el sistema educativo, en los medios de comunicación, etc. Pero estas tres medidas, simultáneamente, crearían las condiciones materiales para que la igualdad fuera posible. Aunque ningún país ha llegado a cumplir estas tres condiciones simultáneamente, se demuestra que los países que han avanzado en alguna(s) de ellas ofrecen mayores facilidades para que las mujeres puedan mantenerse en el mercado de trabajo y los hombres se impliquen en el cuidado.

Esta organización de los cuidados que se propone aquí sería mucho más racional y ventajosa para la sociedad. Lo que es a todas luces injusto e ineficiente es el sistema actual, en el que las mujeres truncan su carrera profesional por tener que alejarse del empleo durante ciertos periodos (cortos en relación con su potencial vida productiva), Sería mucho más útil, no solamente para ellas sino para la sociedad, que estas mujeres estuvieran desarrollando y utilizando todo su capital productivo durante toda su vida; sería más beneficioso para las criaturas recibir también el cuidado de sus papás; y sería de justicia dar oportunidades a los hombres para cumplir con sus responsabilidades y disfrutar de unas relaciones equilibradas con sus parejas, con sus criaturas y con sus personas dependientes.

Así pues, los inconvenientes no son económicos ni sociales. ¿Por qué no va a ser posible este sistema? El único inconveniente sería el de que la sociedad no estuviera preparada para el cambio. Pero la sociedad no solamente está preparada sino que lo demanda. En España, por ejemplo, la sociedad apuesta por la pareja igualitaria. El Barómetro del CIS de Marzo 2010 muestra, en la pregunta nº 20, que para el 80% de la población española la familia ideal es ‘una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay’. El objetivo de igualdad está, pues, asumido por la población; corresponde a los poderes públicos poner los medios efectivos para que ese objetivo se haga realidad. En lugar de ampararse en los comportamientos no igualitarios para retrasar el cambio estructural hacia la igualdad, las autoridades deberían comprender que esos comportamientos están inducidos por las políticas públicas actuales. Cambiar estas políticas de tal forma que se eliminen las trabas para la igualdad, y se pongan los medios para atender las necesidades de forma justa y equilibrada, cambiará los comportamientos y tendrá un gran efecto multiplicador en el cambio de mentalidad de las personas.

——-
NOTAS:

(1) Ver datos más detallados en EUROSTAT (2010): “Demography Report“http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-001-EN.PDF
2) En España, por ejemplo, el porcentaje de mujeres dedicadas a las tareas del hogar (sobre el total de mujeres de 16 y más años) era del 42% en 1988, del 32% en 1998 y del 23% en 2008.
(3) En su obra ‘Crisis en el problema demográfico’, que tuvo gran repercusión en la orientación de la política social en Suecia. Ver una interesante reseña aquí
(4) Alva Myrdal y Viola Klein: ‘Women’s two roles’. Publicado originalmente en 1956
(5) Estas críticas al olvido del trabajo doméstico, y por tanto a la invisibilidad de las mujeres mismas afectadas por esa situación, ha sido objeto de permanente atención feminista en todas las disciplinas. En España, han sido pioneras María Angeles Durán (ya desde ‘de puertas adentro’, 1988) y Cristina Carrasco (ver ‘El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas’. Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.), 2011)
(6) Ver, por ejemplo, Marilin Waring: ‘Si las mujeres contaran’, publicado originalmente en 1988
(7) En 1999: Gender and Welfare State Regimes. Oxford University Press
(8) Obra citada en nota anterior.
(9) n ‘La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las mujeres’. Cátedra, 2005.
(10) El ‘mainstreaming’ consiste simplemente en un cambio de perspectiva, desde las llamadas ‘políticas de igualdad’ (marginales respecto al conjunto de la actuación pública y con un presupuesto ínfimo) a la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas (la corriente principal), para eliminar los elementos que producen desigualdad y orientarlas a conseguir la igualdad). El término fue acuñado a comienzos de la década de 1990 por la investigadora sueca Gertrud Astrom (conocida en Suecia como ‘la madre del mainstreaming’); y a través de la Comisión Europea llegó al Congreso de la ONU sobre las mujeres (Beiging, 1995), donde se adoptó como estrategia a seguir.
(11) En 1970 se eliminó la tributación conjunta y todas las prestaciones para el cuidado incompatibles con el trabajo asalariado; en 1990 se eliminó la pensión de viudedad.
(12) El grave error fue que esos permisos se configuraron como transferibles entre progenitores, lo que ha dado lugar a los graves problemas de desigualdad en los permisos que aún hoy tienen en Suecia y en el resto de países escandinavos, pues los hombres transfieren sistemáticamente a las mujeres los permisos transferibles (ver más abajo).
(13) Para una clasificación de los modelos de atención a los Cuidados de Larga Duración, ver por ejemplo Oliva, Vilaplana y Osuna (2011): El valor de los cuidados informales prestados en España a personas en situación de dependencia. PT del IEF.
(14) Desgraciadamente estos datos, procedentes de encuestas, no se ofrecen desagregados por sexos, pero sabemos que estas personas que cuidan a tiempo completo son mujeres en su inmensa mayoría. La no-dedicación al trabajo remunerado por dedicación expresa al cuidado de dependientes (niños, adultos enfermos o discapacitados, mayores) es 22 veces más frecuente entre mujeres que entre varones (6’7% vs. 0’3%) y asimismo la inactividad por dedicación a “otras responsabilidades familiares o personales” es 15 veces más frecuente entre mujeres que entre varones (datos de la EPA; tomado de María Ángeles Durán, discurso de investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valencia, Marzo, 2012)
(15) Esping-Andersen, Gosta (2008): Un nuevo contrato de género. En María Pazos-Morán (ed): ‘Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI’. Instituto de Estudios Fiscales.
(16) Ver nota anterior.
(17) Por ejemplo, en España algunas CCAA han establecido pagos por excedencias que son mayores para hombres que para mujeres, en un intento de ‘discriminación positiva’ (por cierto, muy injusta por mucho que la intención fuera santa y buena, porque ¿hay alguna justificación para pagar más a los hombres por el mismo trabajo?). Ninguna de estas medidas han conseguido aumentar su el número de hombres beneficiarios.- Ver Irene Lapuerta (2012): Employment, Motherhood and Parental Leaves in Spain. Tesis doctorales UPF (mimeo).
——-