Por fin hemos llegado a una campaña electoral donde los programas están en primer plano. Y dentro de los programas, la desigualdad social incluyendo la de género. En esta campaña, por primera vez, se habla profusamente de violencia de género, del déficit de representación política femenina, de la desigualdad salarial y de la falta de corresponsabilidad en los cuidados.
Tenemos mucho que agradecer al movimiento feminista, y dentro de él a las líderes y teóricas que han sabido plasmar las reivindicaciones, organizar las movilizaciones adecuadas en el momento adecuado, establecer alianzas y hacer la pedagogía necesaria, tanto dentro como fuera de los partidos, sindicatos y movimientos sociales.
Cómo no, tenemos mucho que agradecer al PSOE, y en particular al Presidente Zapatero, que se declaró feminista y configuró el primer gobierno paritario. Gestos como empezar la legislatura de 2004 con la aprobación de la Ley de Violencia de Género, o reformas como la de la Ley Electoral para establecer la representación equilibrada en las listas electorales, visibilizaron la desigualdad de género como nunca hasta entonces.
Pero el PSOE se negó a cruzar el umbral de las reformas económicas necesarias para profundizar nuestro estado de bienestar y para derribar los obstáculos con los que se encuentran las mujeres cada día; y aún hoy sigue sin cruzarlo a pesar de las apariencias.
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En la actualidad nos encontramos con sistemas de rentas mínimas desiguales por CCAA y en general muy insuficientes (como destaca Miguel Laparra aquí, es encomiable el caso de El País Vasco). Por ello, tal como señala la ponencia de Carlos Bravo, el establecimiento de la Renta Mínima Garantizada como un derecho general es urgente, y más en la situación de emergencia social en la que nos encontramos.
Cabe destacar que, afortunadamente, esta no es ninguna idea nueva sino un mecanismo de último recurso que ya funciona en muchos países, en consonancia con los demás elementos de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos que conforman los estados de bienestar más avanzados (aunque ninguno perfecto).
La experiencia internacional demuestra que esta medida, convenientemente gestionada, no crea trampas de pobreza ni otras catástrofes.
Naturalmente, tendríamos que seguir discutiendo sobre cómo perfilar este derecho y sobre qué otras medidas son igualmente importantes.
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