El ministro Alonso, que nominalmente tiene la competencia de promover la igualdad entre hombres y mujeres, ha declarado que la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad es “un desiderátum”, que según el Diccionario de María Moliner significa “lo mejor que se puede desear”.
Si el ministro hubiera hablado con propiedad tendríamos que alegrarnos de su buen entender. En efecto, cada vez es más evidente la tensión entre el avance de las mentalidades y la permanencia de normativas obsoletas que reflejan y tratan de mantener un statu quo sobrepasado por la realidad. Ya la gran mayoría de las personas comprenden que, si hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para el empleo y para el cuidado, la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores deben concederles los mismos derechos.
En la actualidad nos encontramos con sistemas de rentas mínimas desiguales por CCAA y en general muy insuficientes (como destaca Miguel Laparra aquí, es encomiable el caso de El País Vasco). Por ello, tal como señala la ponencia de Carlos Bravo, el establecimiento de la Renta Mínima Garantizada como un derecho general es urgente, y más en la situación de emergencia social en la que nos encontramos.
Cabe destacar que, afortunadamente, esta no es ninguna idea nueva sino un mecanismo de último recurso que ya funciona en muchos países, en consonancia con los demás elementos de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos que conforman los estados de bienestar más avanzados (aunque ninguno perfecto).
La experiencia internacional demuestra que esta medida, convenientemente gestionada, no crea trampas de pobreza ni otras catástrofes.
Naturalmente, tendríamos que seguir discutiendo sobre cómo perfilar este derecho y sobre qué otras medidas son igualmente importantes.
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