El PP nos propone un retroceso en libertades fundamentales que la ciudadanía rechaza ampliamente, como la reforma Gallardón para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo, la Ley Mordaza, la reforma educativa de Wert, etc. Por otro lado, sus políticas económicas han dado resultados catastróficos hasta ahora. ¿Cuál es, entonces, el secreto de su relativo mantenimiento en intención de voto?
La única estrategia del Gobierno consiste en reiterar que, con un poco más de paciencia y sacrificio, se recuperará el empleo y saldremos de la crisis. Se trata de una maniobra arteramente hábil porque, conectando con lo que la gente tiene necesidad de oír, permite desactivar, por agorero, el discurso de la oposición cuando se centra en subrayar que en los últimos tiempos hemos ido a peor. Lo que en dicho discurso se echa en falta es explicar que vamos a peor precisamente a causa de las políticas que se están aplicando y, sobre todo, se echa en falta un posicionamiento firme sobre qué otras políticas deberían ponerse en marcha.
El gravísimo problema al que nos enfrentamos es que existe un amplio consenso en torno a las políticas actuales, del que participa la mayoría de la clase política y de la profesión económica. Este consenso, auspiciado por el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea, ha ido forjándose a lo largo de los últimos 30 años y es ahora cuando está dando sus frutos en forma de los recortes sociales generalizados que estamos sufriendo.
A pesar de los repetidos fracasos, primero en Latinoamérica y ahora en Europa, los argumentos/mantras con los que se venden las políticas neoliberales permanecen invariables: el primero es que el gasto social es insostenible, por lo que hay que recortarlo cuanto sea posible. El segundo es que para crear empleo es necesario ‘animar’ a las empresas mediante rebajas fiscales, salariales y de derechos laborales. Finalmente, se trataría de ‘animar’ el consumo mediante la rebaja generalizada de impuestos sobre la renta, ya que esas rebajas aumentarían la renta disponible de los hogares.
En ese análisis se olvida que las subidas del IVA reducen el consumo privado, por no hablar de las actividades antes incentivadas con los tipos reducidos que se eliminan; que estas subidas, junto a incrementos sustanciales de otros tributos a particulares como el IBI, aumentan los niveles de pobreza y deslegitiman el sistema impositivo, con el consiguiente aumento de la economía sumergida. Se olvida que los derechos laborales y los servicios públicos no solamente son de justicia sino indispensables para el aprovechamiento del potencial productivo y cuidador de mujeres y hombres. Se obvia toda la evidencia empírica internacional que nos muestra cómo los países más competitivos son los países nórdicos, que tienen mejores sistemas de protección social, mercados de trabajo más estables y mejores índices de igualdad de género. Estos países, precisamente, no están en esta espiral recesiva en la que sí se encuentra el resto de Europa.
Se esconde también, aunque resulta evidente para la población, el interés de las grandes empresas y de las rentas altas en no pagar impuestos; el negocio del capital financiero con los servicios privados, seguros de dependencia y planes de pensiones; y, para las empresas más depredadoras, la ventaja que supone pagar menos salarios y tener que respetar menos derechos laborales. ¡Qué coincidencia que ésa sea la vía de salvación que nos proponen!
Economistas y políticos (con pocas excepciones) nos piden paciencia enarbolando cálculos acerca de los empleos que se crearán, de los aumentos en recaudación que se obtendrán, todo por arte de ese aumento de la actividad económica que se proponen ‘animar’. Estos cálculos, como el gráfico de líneas discontinuas que exhibía Arias Cañete en el famoso debate televisivo con Valenciano, se presentan como reales pero no son más que predicciones basadas en sus propios supuestos: una pescadilla que se muerde la cola.
Lo que sí constatamos cada día, en cambio, es cómo el desmantelamiento de los servicios públicos destruye empleos; cómo las sucesivas reformas laborales aumentan la precariedad; cómo muchas familias no tienen ni siquiera capacidad de consumo para cubrir sus necesidades básicas; y cómo quienes pueden aumentan el ahorro en previsión de riesgos que no confían poder cubrir con servicios públicos y prestaciones sociales. Así, esta caída de la actividad, con la inestimable ayuda de las rebajas de impuestos a las empresas y a las rentas altas, reduce la recaudación impositiva; y ello provoca nuevos recortes sociales con el sacrosanto argumento de no aumentar el déficit. Esta es la espiral en la que nos encontramos.
En este proceso destructivo de nuestro ya precario estado de bienestar, la reforma fiscal que se prepara es un paso decisivo. Por ello, un grupo de 30 personas hemos elaborado un documento titulado «Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento urgente«. En él explicamos detalladamente cómo esta reforma, de llevarse a cabo, supondrá una pérdida importante de recaudación y será un punto de inflexión en la deslegitimación del sistema impositivo.
Para mantener prestaciones sociales y servicios públicos de alcance universal es necesario un sistema impositivo generalizado y progresivo. Esta es la única vía hacia una sociedad equitativa y sostenible, como se demuestra con solo observar la situación en todos los países que no han conseguido implantar generalizadamente estos sistemas: una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza, con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia.
En el camino para mantener y mejorar nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos, una asignatura pendiente es la inclusión generalizada y continua de las mujeres en el empleo formal a tiempo completo, así como la inclusión de los hombres en las tareas de cuidado en igualdad con las mujeres. Ello exige un cambio de orientación respecto a las políticas relacionadas con la atención a la infancia y a la dependencia, ahora basadas en que alguna persona de la familia pierda sus ingresos y derechos sociales.
Se trata de alcanzar un sistema en el que todos y todas (también las mujeres) estemos incluidas por igual en el sistema general de derechos y en el que sean satisfechas las verdaderas necesidades de todas las personas y todo tipo de familias. Ese debe ser el objetivo de la política social: a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esta orientación es radicalmente opuesta a la del Gobierno y su Comisión de Expertos, que además vulnera la Ley de Igualdad por tener una composición exclusivamente masculina.
El llamamiento urgente ante la reforma fiscal pretende contribuir al debate social para que exijamos a los gobiernos un cambio de rumbo. Todos y todas somos responsables de denunciar los intereses neoliberales y patriarcales que se ocultan detrás de los argumentos aparentemente científicos con los que están engañando a la ciudadanía. Callar nos hace cómplices.