El Gobierno nos anima a alegrarnos de la reforma fiscal que prepara porque es una “rebaja generalizada de impuestos”. Pero eso es precisamente lo primero que debería preocuparnos. Sabemos que esta es la primera dosis anestésica de una reforma fiscal que incluirá posteriormente la subida del IVA y cambios más drásticos. Aún más, es solamente un hito en la orientación de la política social consistente en reducir lo más posible el sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos, potenciando en cambio el ahorro privado para que cada cual intente afrontar individualmente sus necesidades y riesgos.
El efecto más importante que podemos esperar de esta reforma es, pues, una grave erosión del sistema impositivo. En primer lugar porque el Gobierno, en vez de de cumplir con su tarea de explicar a la ciudadanía la necesidad de pagar impuestos para poder sufragar la política social, lanza el mensaje de que cuantos menos impuestos paguemos mejor. En segundo lugar porque la primera condición para que un sistema impositivo esté legitimado ante la población es que sea redistributivo, y la reforma va en dirección contraria.
Junto a la rebaja generalizada de impuestos directos (IRPF y Sociedades), la reforma de 2014 reduce el número de tramos en las tarifas, tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades, lo que significa que estos impuestos pierden progresividad. Y como el nivel de progresividad y la importancia cuantitativa son los dos factores que determinan la capacidad redistributiva de un impuesto, esta se reducirá. Por otra parte la rebaja, y consiguiente pérdida de recaudación, hace que los impuestos directos pierdan protagonismo frente a los impuestos sobre el consumo, siempre menos progresivos y con mayor incidencia en las rentas bajas.
De hecho, en todos los países en los que los sistemas impositivos modernos tienen implantación generalizada, la fuente de recaudación fundamental está en los impuestos directos. En los que no tienen estos sistemas asentados, en cambio, el protagonismo de los impuestos sobre el consumo está indisolublemente asociado a bajísima recaudación; y por consiguiente a bajísimos niveles de gasto social.
Naturalmente, la progresividad del sistema en su conjunto seguirá descendiendo con la subida del IVA y con los recortes que se producirán en su momento si esta deriva continúa. Pero esta reforma ya tendrá efectos concretos que merece la pena observar con atención.
Hablemos en primer lugar de la rebaja fiscal de tipos impositivos en todos los tramos y del aumento del mínimo exento, de tal manera que 1,6 millones de personas que ahora tributan dejarán de hacerlo. Evidentemente que esta operación “aumentará la renta disponible en manos de los contribuyentes”. Aclaremos: de los contribuyentes que tienen ingresos por encima del actual mínimo exento. Primera pregunta: ¿qué sentido tiene esa rebaja fiscal que costará 9.000 millones de euros? En esta situación de emergencia social, ¿no sería más sensato mantener y utilizar esos recursos para atender las necesidades de quienes no tienen ingresos suficientes?
El Gobierno repite que la mejor ayuda para esas personas es la creación de empleo, y que esta se producirá por arte de ese aumento de la renta disponible que esperan ver traducido en un aumento del consumo privado, o sea de la demanda interna, con la consiguiente creación de puestos de trabajo para producir los bienes y servicios demandados. Pero esto sólo es una hipótesis sin conexión con la realidad actual. Lo cierto es que el consumo privado seguirá bajando mientras siga aumentando la desprotección social, la inseguridad laboral, el desempleo y la pobreza. Aunque aumente en unos euros la renta disponible de las familias (por encima de un nivel), la mayoría querrá reservarla en previsión de riesgos no cubiertos por el sistema público.
Así que el consumo no aumentará. Pero sí podría aumentar la propensión al ahorro, que naturalmente esta reforma considera un pilar a incentivar. Y he aquí una de las carambolas de la reforma: ese aumento de la renta disponible puede Ud. invertirla en un ahorro a medio y largo plazo incentivado. En resumen, una rebaja fiscal que puede alegrar ligeramente algunos bolsillos pero que también puede ser absorbida por el mismo destino al que va todo últimamente: los bancos.
Desgraciadamente ese recurso al ahorro sólo está a la altura de la clase media, y ni siquiera servirá para solucionarles los problemas a esas personas. Los seguros privados les originarán una renta futura (en el mejor de los casos) que puede que les sobre o puede que les falte, precisamente porque no tendrá en cuenta sus necesidades reales sino el capital invertido (repitamos: con suerte). Si se inventaron la Seguridad Social, el Sistema de Pensiones y los servicios públicos es precisamente porque la gran mayoría de la población no tiene capacidad de ahorro para asumir los riesgos sociales individualmente, y porque sólo el sistema público obligatorio puede garantizar la cobertura de esos riesgos.
Afortunadamente, la única vía para revertir la espiral recesiva en la que nos encontramos es precisamente la que también serviría para mejorar el bienestar social: en primer lugar restablecer urgentemente los servicios públicos destruidos y extenderlos para dar cabida a las necesidades urgentes aún desatendidas, lo que implica la cobertura universal de los servicios públicos de atención a la dependencia y de educación infantil pública desde los cero años. Así se crearían muchísimos empleos en estos servicios públicos. Si además se tomaran medidas para aumentar la estabilidad laboral y para combatir la precariedad actual, entonces sí que aumentaría el consumo privado.
El Gobierno dirá, cuando llegue el momento, que no hay dinero para semejante operación, pero ahora sólo pretende que la ciudadanía se alegre de que le bajen los impuestos. Después de las elecciones ya se ocupará del gasto público, naturalmente para recortarlo aún más. Entonces se acordará del déficit público y aumentará el IVA, lo que reducirá aún más la capacidad redistributiva del sistema impositivo. Así seguirá avanzando esta ofensiva para destruir el estado de bienestar embrionario que con tanto esfuerzo estábamos construyendo.
En resumen, la reforma de 2014 es solamente un hito en esta ofensiva destructiva, pero un hito muy importante. Un sistema fiscal justo necesita un sistema de impuestos sobre la renta generalizado, progresivo y con capacidad recaudatoria. Al rebajar y reducir la progresividad de los impuestos directos (IRPF e Impuesto de Sociedades), esta reforma asesta un duro golpe a nuestro sistema. Aunque fuera verdad que bajaran más los ingresos para las rentas bajas, la operación sería muy perjudicial para toda la sociedad.