Estos días ha sido noticia que el Ministerio de la Vivienda reclama la devolución de las ayudas al alquiler a los jóvenes que, habiendo superado el requisito de estar por debajo de los 22.000 euros de ingresos anuales, continuaron cobrándolas. Ello nos recuerda que esa ayuda existe y que, puedo afirmar después de una búsqueda exhaustiva, no se cuestiona. De hecho, lo que hay es una especie de rebelión ante la ‘fastidiosa‘ exigencia de devolución de las ayudas indebidamente cobradas.
¿Qué sentido tiene esta figura? Que no me llame aguafiestas nadie que se encuentre entre las 213.257 personas beneficiarias, ni nadie que tenga hijos/as, sobrinos/as o nietos/as en esa situación real o posible (mal voy, porque ¿quién lee blogs? ;-), pero es que el dinero público es escaso y susceptible de usos alternativos. Por eso es necesario hacer un análisis coste-beneficio, para ver si cada medida es equitativa y eficiente.
La prestación es de 210 euros al mes para jóvenes entre 22 y 30 años con trabajo más o menos estable y vivienda en alquiler, complementada con ayudas específicas para la fianza (600 euros de préstamo sin intereses) y para el aval (120 euros de prestación adicional).
En la exposición de motivos de El Decreto, la única razón que se menciona es que a las personas jóvenes les cuesta emanciparse debido a la carestía de la vivienda. No voy a caer en la tentación de echar aquí cuentas que pueden estar en la mente de cualquiera para el caso de un grupo de amiguetes (a las que hay que añadir la exención de impuestos sobre los alquileres percibidos por los propietarios.- aplicable sólo si el alquiler es a jóvenes). Y tampoco es difícil imaginar situaciones de mucha mayor necesidad: familias monoparentales, personas mayores de 65 años sin pensiones contributivas, inmigrantes en proceso de integración, etc etc. O sea, que la medida no se resiste a un somero análisis de equidad, ni vertical ni horizontal. Pero, ¿y la eficiencia?
El objetivo implícito puede ser mejorar las tasas de fecundidad: que las personas jóvenes se emancipen, formen familias y adquieran las condiciones adecuadas para tomar esa gran decisión cada vez más rara y extravagante, a la vez que vital socialmente: tener bebés! ¿Por qué no declarar ese objetivo? Hacerlo explícito facilitaría un debate cada vez más necesario y urgente: sobre el objetivo de más fecundidad y menos pobreza infantil (afortunadamente cada vez menos cuestionado); pero sobre todo sobre los medios para conseguirlo, que no son estos.
Muchas parejas de mileuristas tomarían esa valiente decisión si se les ofreciera: 1) cuatro meses de permiso para ella y cuatro para él (iguales, intransferibles y pagados al 100%!); 2) escuela de educación infantil gratis y de alta calidad desde el principio; 3) horarios de trabajo a tiempo completo suficientemente cortos y racionales (las 35 horas!); 4) seguridad en el empleo y prestaciones de desempleo; 5) ayudas universales por hijos/as…
¿Sería demasiado caro todo esto? Más caro es gastar balas disparando al aire por si cae alguien. De momento, reinvertir esa partida en escuelas de educación infantil daría un empujón a la promesa electoral de universalizar la educación infantil de 0 a 3 años en esta legislatura (por algo se haría la promesa, digo yo!). O en ampliar el permiso de paternidad…
¿O será que, por buscar razones, estoy suponiendo objetivos inexistentes? ¿igual es que no han pensado nada?